Desalojo de comunidades indígenas persiste pese a que su territorio es reconocido constitucionalmente.
El espíritu progresista de las leyes sobre derechos indígenas sancionadas en Argentina, a nivel nacional y de las provincias, hasta el momento no se ha traducido necesariamente en políticas públicas ni es la regla en fallos judiciales.
La incorporación de los derechos indígenas en la Constitución Nacional, con la reforma realizada en 1994, y la ratificación del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre Pueblos Indígenas y Tribales en el 2000, abonaron el terreno sobre el que estos pueblos avanzaron hacia su reconocimiento formal.
El artículo 75 inciso 17 de la Constitución Nacional garantiza el respeto a la identidad y el derecho a una educación bilingüe e intercultural; también reconoce la personería jurídica de las comunidades, así como “la posesión y propiedad comunitarias de las tierras que tradicionalmente ocupan” y regula “la entrega de otras aptas para el desarrollo humano”. Además, la norma asegura la participación de los pueblos originarios “en la gestión referida a sus recursos naturales y a los demás intereses que los afecten”, principio más desarrollado en el Convenio 169 de la OIT, que también cuenta con rango constitucional.
Este reconocimiento constitucional no evitó que a partir del 2002 se intensificara una ola de desalojos de comunidades en el norte y centro del país asociada al avance de la frontera agropecuaria sobre territorios tradicionalmente ocupados por indígenas. La alta rentabilidad de cultivos como la soja motivó la repentina aparición de empresarios con títulos de propiedad sobre esas tierras, los cuales impusieron en los tribunales.
Para detener ese proceso se sancionó en noviembre del 2006 la Ley 26.160 de Emergencia de la Propiedad Comunitaria Indígena, que congeló los desalojos por 4 años y ordenó la regularización dominial. Sin embargo, hasta el momento poco se avanzó en el relevamiento de territorios y entrega de títulos, razón por la que los diputados nacionales Alejandro Nieva y Miguel Giubergia, del opositor partido Unión Cívica Radical, presentaron este mes un proyecto de ley para prorrogar la norma un año más.
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